Servicio informativo núm. 75
Sumario:
I. Vuelve a beneficiarse a los bancos con la legislación sobre comisiones bancarias, declara Mario Di Costanzo
II. Aborda “La verdad sea dicha” las condiciones deplorables en las que laboran los trabajadores mineros en México
III. Iniciará mañana gira por Michoacán el presidente legítimo de México
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VUELVE A BENEFICIARSE A LOS BANCOS CON LA LEGISLACIÓN SOBRE COMISIONES BANCARIAS, DECLARA MARIO DI COSTANZO
Los bancos volvieron a triunfar en materia de regulación de comisiones bancarias, debido principalmente a que la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros aprobada por los senadores resulta enormemente insuficiente para reducir los costos de los servicios bancarios en el país.
Así se pronunció Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en relación con los acuerdos que los senadores de la República han asumido en los debates sobre comisiones bancarias.
Cabe recordar que la citada ley recientemente aprobada, si bien regula la transparencia en la información que la banca debe otorgar sobre el tema de las comisiones bancarias, las multas a las que pueden hacerse acreedores por el cobro de “comisiones muy altas” no supera los 500 mil pesos, amén de que la nueva reglamentación es ambigua sobre topes en dichos cobros.
Al abundar sobre el particular, el funcionario del Gobierno Legítimo de México señaló que “la realidad es que con el dictamen que se aprobo o sin la existencia del mismo, una de las principales fallas del sistema bancario en México es la alta concentración del mercado en unas cuantas instituciones, lo que provoca que existan prácticas oligopólicas que encarecen los servicios de banca en el país e impiden que el mercado funcione bajo reglas de competencia entre las instituciones”.
Di Costanzo Armenta consideró que “una verdadera regulación sobre este tema debería impedir la elevada concentración del mercado, así como la existencia de topes a las comisiones y a las tasas de interés, en función de diversas variables que consideraran, entre otras cosas: nivel de inflación, intermediación financiera, gastos operativos, comparación con otros países, es decir, medias internacionales, ya que el hecho de que únicamente se les obligue a cuestiones de transparencia no va a ser suficiente para reducir el costo de los servicios ni de las tasas de interés”.
Contundente, el secretario lopezobradorista afirmó que las instituciones bancarias en México “están actuando como un cartel y de nada sirve que los usuarios de los servicios bancarios conozcamos cuánto nos está cobrando nuestro banco, si el de junto nos cobra lo mismo o más; lo que en verdad requiere el usuario es que los costos se reduzcan”.
Mario Di Costanzo fundamentó su propuesta de regulación en la legislación vigente en la materia y mencionó que la Ley de Instituciones de Crédito, en sus artículos 4 y 5, así como el artículo 7 de la Ley de Competencia Económica, establecen claramente la posibilidad de que las autoridades bancarias y financieras pongan un tope a las comisiones bancarias, y, por su parte, el Banco de México tiene facultades para dictar los lineamientos que regulen las tasas de interés.
“Las disposiciones anteriores —indicó— definitivamente facultan a las autoridades financieras a regular las comisiones bancarias en virtud de que se establece, entre otras cosas, que el Estado será el encargado de ejercer la rectoría del Sistema Bancario Mexicano. Ésta es una razón de sobra para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, en aras de orientar las actividades de la banca hacia la promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y de las sanas prácticas y usos bancarios, pueda aplicar las medidas apropiadas”.
El secretario de la Hacienda Pública lopezobradorista reiteró en su explicación que en el origen del problema se vuelve a encontrar el fracaso del rescate bancario, pues éste “no sólo ha provocado una carga ilegal de pasivos para las finanzas públicas, sino que también propició una serie de fusiones y ventas de los bancos que en su momento fueron rescatados o intervenidos, y que ahora han generado una alta concentración del mercado en muy pocas instituciones, lo que se ha traducido en el encarecimiento de los servicios bancarios”.
Para corroborar lo anterior, Di Costanzo afirmó que “de acuerdo con el último reporte sobre Banca Múltiple elaborado por la CNBV, se observa que al mes de marzo del presente año, de las 27 instituciones bancarias que operan en el país, cuatro (BBVA-Bancomer, Banamex, Santander y HSBC) concentran aproximadamente 70% de la actividad bancaria, por lo que se puede señalar que en el sistema bancario mexicano existen prácticas oligopólicas que perjudican el sano funcionamiento del sistema y generan costos extraordinarios a los usuarios”.
“Esta situación ha provocado que en el primer trimestre de 2006, los ingresos por comisiones que recibió la totalidad del sistema bancario ascendieran a 15 mil 747 millones de pesos, lo que representó más de 115% de sus utilidades, es decir, que las comisiones que cobran los bancos son su principal fuente de ingresos”.
El secretario hacendario del gabinete legítimo puntualizó que con este panorama, “las posibilidades de competencia de bancos más pequeños es prácticamente imposible, ya que, por ejemplo, mientras que BBVA-Bancomer posee 10 millones 516 mil 924 cuentas y 1 718 sucursales, Banca AFIRME posee únicamente 56 sucursales y 70 mil cuentas, y Banca IXE posee tan sólo 42 sucursales y 64 748 cuentas”.
“La situación para los bancos pequeños se complica aún más, ya que, paradójicamente, las cuatro instituciones que dominan el mercado fueron rescatadas por el Fobaproa y actualmente reciben intereses provenientes de recursos públicos por concepto del pagaré del Fobaproa (o del IPAB) que poseen; así en el caso de BBVA-Bancomer, se estima que durante el primer trimestre del año recibió aproximadamente 2 mil 304 millones de pesos; y en otros casos, como el de Banamex, ha recibido prepagos ilegales y multimillonarios que ya forman parte del reparto de utilidades a sus accionistas”, agregó.
“Por ello —concluyó Mario Di Costanzo—, se observa que a mayor participación de mercado, más costosos son los servicios bancarios en nuestro país; de esta manera, Banamex y BBVA-Bancomer, quienes concentran 23 % y 20.5%, respectivamente, de los activos del sistema bancario que alguna vez fue mexicano, son los bancos más costosos para sus servicios, debido al control oligopólico que esta situación les otorga”.
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ABORDA “LA VERDAD SEA DICHA” LAS CONDICIONES DEPLORABLES EN LAS QUE LABORAN LOS TRABAJADORES MINEROS EN MÉXICO
El sindicalismo corporativo y corrupto sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores para hacer valer sus derechos; como ejemplo de esta realidad están los mineros, que no sólo padecen la burocracia sindical que vive a todo lujo, sino que ahora padecen la intervención del gobierno en la vida interna de su organización.
Así se inicia el reportaje que sobre las condiciones de trabajo del gremio minero en México emitió ayer el programa “La verdad sea dicha”, imagen televisiva del Gobierno Legítimo de México.
Los conductores del programa —Rita Guerrero, Jorge Zárate y Blanca Salces— explicaron que “la política oficial es promover la inversión de empresas depredadoras, como Minera México o Minera San Xavier, que se apropian de la riqueza nacional devastando el medio ambiente y explotando a sus trabajadores en condiciones inhumanas. Con el proceso de privatización de los recursos naturales impulsado por el salinismo, se reformó la Ley de Minas en 1992 y con ello la actividad minera dejó de ser una actividad prioritaria para el Estado mexicano y traspasó su explotación a manos de particulares”.
Así, “los beneficiados con la privatización de las minas fueron grupos empresariales ligados al poder, como la familia Larrea, dueña del grupo México; a estas empresas se les dio todo para extraer grandes ganancias sin dar nada a cambio o muy poco. Desde Salinas, los gobiernos les han otorgado a las mineras privilegios fiscales, contratos públicos a modo, se ha colocado a sus socios en las esferas del poder público y se les ha permitido obtener beneficios ilimitados de la riqueza del subsuelo, sin importar las consecuencias ambientales de sus explotaciones ni las condiciones inhumanas en las que laboran los mineros”.
Rita Guerrero abundó en esta información al señalar que “los empresarios de las industrias mineras han sido los consentidos por los gobiernos en turno, quienes los han rescatado con fondos públicos cuando quiebran, vía el Fobaproa y otros generosos mecanismos para que ellos nunca pierdan. Un ejemplo de la complicidad de los empresarios mineros y funcionarios del gobierno federal es el caso de la privatización de la mina de Cananea en 1990”.
Al respecto, “La verdad sea dicha” entrevistó a Raúl Sáez Cota, abogado de los mineros de Cananea, quien señaló que “en la quiebra de minera de Cananea durante el gobierno de Salinas, cuando comienza todo el furor privatizador de estos gobiernos, esa ansia privatizadora no tenía límites y en aquel momento declaran en quiebra una empresa que no estaba en quiebra. Llega Salinas y en 1989, un año después de la toma de posesión, mete al ejército y declara la quiebra de compañía minera de Cananea”.
El abogado de los mineros comentó en pantalla que las irregularidades tendentes a beneficiar a líderes sindicales y empresarios privados llegó al colmo el 24 de agosto de 1990, “cuando están por adjudicarle la mina al Grupo México; para cumplimentarse la sentencia y para hacerle la entrega física al Grupo México, éste debía depositar 19.5 millones de dólares a favor de los trabajadores, pero el juez señaló que ese dinero no era para los trabajadores de la fábrica, sino para el sindicato nacional. Este régimen es voraz en ese sentido, no le importa las condiciones de vida de la gente, le importa la tasa de ganancia”, puntualizó Sáez Cota.
Otro ejemplo de este capitalismo depredador lo ofrece el Grupo México, dueño de la mina de Pasta de Conchos, caso que también fue ampliamente analizado en el programa de televisión del gobierno legítimo de México “La verdad sea dicha”.
Según Raúl Sáenz Cota, Jorge Larrea surge como surgen los cachorros de la Revolución; en el tiempo de Ávila Camacho (1940-1946), consigue las primeras concesiones; “así surge el grupo Larrea, que es un grupo muy reaccionario, muy represivo y propietario de Transportación Marítima Mexicana, que es la empresa de transportación más importante de América Latina, propietario de Constructora México, del Grupo México, que tiene 22 contratos con el sindicato minero nacional, y es propietario de las principales acciones de Banamex”.
El Grupo México es uno de los más depredadores en el negocio de las minas, sobreexplotan el mineral sin reparar en las consecuencias ambientales de su proceder, pero fue la explosión en la mina Pasta de Conchos lo que desnudó sus inhumanas prácticas laborales, en las que contó con la complicidad del sindicato minero y de las autoridades federales.
Cristina Auberbach, asesora legal de las viudas de Pasta de Conchos, informa en el reportaje televisivo sobre este tema: “Lo de Pasta de Conchos nunca fue un accidente, gastaron mucho dinero en desplegados diciendo que eran inocentes y se ha probado que no son inocentes. Industrial Minera México no cumple con la normatividad desde 1999 y tenemos las actas de inspección del 2000 al 2007 en el que se va viendo el deterioro de la mina; hace años que esa mina se debió haber clausurado porque ponía en riesgo la vida de los trabajadores. Hay un acta en la que el mismo inspector de zona de la Secretaría del Trabajo dice que los trabajadores no tenían equipos de seguridad. Nosotros decimos que en Pasta de Conchos, además de los 65 mineros, quedó sepultada su nueva cultura laboral, de las empresas contratistas que no asumen ninguna responsabilidad, de las empresas que se benefician con ganancias millonarias a costa de la vida y de la salud”.
Raúl Sáenz Cota, por su parte, complementa: “Los compañeros nos dicen que hacía cuatro o cinco meses que los inspectores de la Secretaría del Trabajo no iban y verificaban. Ya en días anteriores, se habían dado cuenta de que los sensores que existían —que es una tecnología muy avanzada: cuando llega a .5 la existencia de metano en el oxígeno, ese sensor apaga la máquina automáticamente—... los empresarios, a través de su gente de confianza, puenteaban esos aparatos para que no funcionaran a la hora en que tenían que funcionar, con la precisión que tenían que funcionar; de tal manera que cualquier chispa que se produjera era capaz de producir una explosión, de socavar totalmente 2 kilómetros de mina, que era lo que estaba en producción en ese momento”.
Tras la tragedia de Pasta de Conchos, también se conoció que dos terceras partes de los trabajadores de la mina estaban contratados al margen de una relación laboral con la empresa, a través de subcontratadoras.
“Es decir —explica Cristina Auberbach—, Minera México empezó a traer trabajadores de otras minas porque de esa manera no reporta ni muertos ni accidentados. Me llamaba mucho la atención ver al que era secretario del Trabajo, Salazar, como si fuera el vocero de la empresa. (Y es que) Salazar tiene empresas de productos químicos que le vende a Industrial Minera México, por ejemplo”.
En voz en off, el reportaje televisivo continúa: “Esta situación era aceptada por la Secretaría de Trabajo y por el propio sindicato minero. Laboraban al margen del contrato colectivo y el sindicato le servía al patrón como agente de contratación, dejando a los trabajadores en el desamparo, la mayoría de los cuales trabajaba por honorarios, sin prestaciones y sin seguridad social que marca la ley”.
“Hay una gran responsabilidad de todo el mundo aquí —indica Sáenz Cota—: sindicato, secretaría del Trabajo y desde luego la empresa que no puede eludir la responsabilidad tan fácilmente, pagando una cantidad de dinero; que debe hacerlo, nosotros creemos que debe indemnizarse alas familias, pero eso no resuelve el problema de fondo”.
Dentro del mismo tema, el reportaje de “La verdad sea dicha” aborda el aspecto de las dirigencias sindicales corruptas. Napoleón Gómez, padre de Napoleón Gómez Urrutia, fue 50 años dirigente del sindicato minero nacional a través del famoso charrazo que se da en el 48 —donde se barre con todas las dirigencias izquierdistas, socialistas o democráticas de aquel momento—, era un viejo charro con todas las características del charrismo mexicano, que es el origen del sistema corporativo. Llega Napoleón y se perpetúa en el poder hasta la muerte de él, que lo hereda su hijo.
Por estatutos, no puede ser dirigente quien no haya trabajado como minero. Napoleón Gómez Urrutia, si acaso, habría sido oficinista. Vicente Fox y su secretario del Trabajo, Carlos Abascal, reconocieron al líder impugnado, aceptando una vieja credencial falsificada pero debidamente notariada.
Empieza así, según nos relata Raúl Sáenz Cota, una guerra que se da y termina en el 2004 cuando le entregan a Napoleón 55 millones de dólares y se los entrega el secretario de Trabajo del gobierno de Fox, del “gobierno del cambio”.
Napoleón Gómez Urrutia, con la ayuda de sus amigos en el gobierno federal, logró desviar estos recursos hacia el sindicato, torciendo así un laudo judicial que otorgaba directamente a los trabajadores mineros los recursos, sin la intermediación de los líderes sindicales. Las desavenencias entre el gobierno foxista y el sindicato minero empezaron pronto, por un conflicto sindical con la empresa Villacero, lo que ocasionó que el sindicato se fuera a huelga en Sicartsa, en el puerto de Lázaro Cárdenas. El gobierno desalojó violentamente a los trabajadores, dejando un saldo de dos muertos y volviendo a torcer la ley le dan la toma de nota a Elías Morales, a quien acreditan como líder en un documento que contiene firmas falsas. El gobierno de la derecha tuvo que dar marcha atrás y regresar la titularidad a Napoleón Gómez Urrutia, quien asumió el cargo por teléfono, pues las demandas penales por el desvío del dinero de los trabajadores de Cananea continúan vigentes.
Héctor de la Cueva, director del Centro de Investigación Laboral y Sindical (Cilas): complementa la historia: “Hay que recordar que están pendientes todavía los procesos penales, hay que ver cuál es el costo o el cobro que se le puede hacer; a pesar de que se le reconoce como dirigente, me parece que hay cuestiones todavía que están por resolverse”.
Y Margarita Castro, investigadora social, agrega: “Ahora aparece como el gran líder, como el defensor de los mineros después de la tragedia de Pasta de Conchos, siendo él en ese momento el líder, pero el que lo vino a suplir tampoco porque era una comparsa del gobierno foxista”.
Así se ha escrito parte de la historia negra de esta parte de la industria de la minería en nuestro país, una verdadera película de charros contra gangsters, concluye el reportaje de “La verdad sea dicha”.
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